Fatima Cambronero

junio 21, 2012

Adecuación de la Ley de Protección de Datos Personales 25.326 a 8 años del Dictamen 4/2002 UE

Introducción

En Argentina el Derecho a la Privacidad es un derecho de larga data que se encuentra consagrado constitucionalmente a través del  Artículo 18 (“..El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados..”) y del Artículo 19 (“Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados..”), y a través de la legislación civil, en el Art. 1071 bis (“El que arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena…o perturbando de cualquier modo su intimidad..”), disponiendo sanciones civiles en los casos de su vulneración.

Es recién a partir del año 1994 con la reforma de la Constitución Nacional y la modificación de su Art. 43 cuando se abre la puerta a la posibilidad de comenzar a regular todo lo relativo a la Protección de Datos Personales en nuestro país, ya que el mismo introduce el Habeas Data a nivel nacional.

Es importante aclarar que este derecho humano fundamental a la “Protección de los Datos Personales”, también llamado de “la autodeterminación informativa” es un derecho personalísimo que ha adquirido autonomía conceptual con relación a otros derechos de las personas básicamente del derecho a la Intimidad o la Privacidad, que no es materia de análisis en este trabajo.

La Ley 25.326 de Protección de Datos Personales (LPDP), promulgada el 30 de Octubre de 2000, reglamenta el Art. 43 de la Constitución Nacional, y lo complementa, con un régimen integral de Protección de Datos Personales, que excede la figura procesal de Hábeas Data.

Dicha ley responde a una necesidad de la época, de sentirse a tono con el resto de las legislaciones del mundo, que comenzaban a receptar el llamado “derecho a la autodeterminación informativa” y que había sido inaugurado en Alemania con la conocida ley del Land de Hesse[1].

Debido al avance de las nuevas tecnologías y a la influencia de la informática, nuestra ley viene a reconocer el derecho a acceder a la información almacenada por terceros en bases, registros, archivos o bancos de datos, públicos o privados referidos a cualquier ciudadano y a la facultad de actuar en consecuencia.

Al año siguiente, se dicta el Decreto Reglamentario de la Ley de Protección de Datos Personales, N° 1558/2001 con el cual se completa y se vuelve operativo el círculo de protección en cuanto a este derecho personalísimo.

A partir de ese momento, comenzamos a ser vistos, por el resto del mundo, como uno de los primeros países latinoamericanos que consagrábamos constitucional, legislativa y reglamentariamente, la facultad otorgada a toda persona de controlar la información a ella referida, contenida en registros públicos y privados.

Pero este reconocimiento y lugar de elogios, como ya veremos, se disfrutó por poco tiempo.

Las recomendaciones de la Unión Europea sobre Protección de Datos

La Unión Europea se preocupó históricamente por la Protección de los Datos Personales. Fue así que en el año 1995 fue precursora al dictar la Directiva 95/46 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al Tratamiento de Datos Personales y a la libre circulación de esos datos.

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