Fatima Cambronero

junio 21, 2012

Adecuación de la Ley de Protección de Datos Personales 25.326 a 8 años del Dictamen 4/2002 UE

Introducción

En Argentina el Derecho a la Privacidad es un derecho de larga data que se encuentra consagrado constitucionalmente a través del  Artículo 18 (“..El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados..”) y del Artículo 19 (“Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados..”), y a través de la legislación civil, en el Art. 1071 bis (“El que arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena…o perturbando de cualquier modo su intimidad..”), disponiendo sanciones civiles en los casos de su vulneración.

Es recién a partir del año 1994 con la reforma de la Constitución Nacional y la modificación de su Art. 43 cuando se abre la puerta a la posibilidad de comenzar a regular todo lo relativo a la Protección de Datos Personales en nuestro país, ya que el mismo introduce el Habeas Data a nivel nacional.

Es importante aclarar que este derecho humano fundamental a la “Protección de los Datos Personales”, también llamado de “la autodeterminación informativa” es un derecho personalísimo que ha adquirido autonomía conceptual con relación a otros derechos de las personas básicamente del derecho a la Intimidad o la Privacidad, que no es materia de análisis en este trabajo.

La Ley 25.326 de Protección de Datos Personales (LPDP), promulgada el 30 de Octubre de 2000, reglamenta el Art. 43 de la Constitución Nacional, y lo complementa, con un régimen integral de Protección de Datos Personales, que excede la figura procesal de Hábeas Data.

Dicha ley responde a una necesidad de la época, de sentirse a tono con el resto de las legislaciones del mundo, que comenzaban a receptar el llamado “derecho a la autodeterminación informativa” y que había sido inaugurado en Alemania con la conocida ley del Land de Hesse[1].

Debido al avance de las nuevas tecnologías y a la influencia de la informática, nuestra ley viene a reconocer el derecho a acceder a la información almacenada por terceros en bases, registros, archivos o bancos de datos, públicos o privados referidos a cualquier ciudadano y a la facultad de actuar en consecuencia.

Al año siguiente, se dicta el Decreto Reglamentario de la Ley de Protección de Datos Personales, N° 1558/2001 con el cual se completa y se vuelve operativo el círculo de protección en cuanto a este derecho personalísimo.

A partir de ese momento, comenzamos a ser vistos, por el resto del mundo, como uno de los primeros países latinoamericanos que consagrábamos constitucional, legislativa y reglamentariamente, la facultad otorgada a toda persona de controlar la información a ella referida, contenida en registros públicos y privados.

Pero este reconocimiento y lugar de elogios, como ya veremos, se disfrutó por poco tiempo.

Las recomendaciones de la Unión Europea sobre Protección de Datos

La Unión Europea se preocupó históricamente por la Protección de los Datos Personales. Fue así que en el año 1995 fue precursora al dictar la Directiva 95/46 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al Tratamiento de Datos Personales y a la libre circulación de esos datos.

A través de dicha Directiva se crea el Grupo de Trabajo del Art. 29 sobre Protección de las Personas en lo que respecta al Tratamiento de los Datos Personales, con carácter consultivo e independiente. Una de las funciones de este Grupo es la de emitir un dictamen destinado a la Comisión sobre el nivel de Protección existente dentro de la comunidad y en los países terceros[2].

Es por ello que, a pedido del Gobierno de nuestro país, este Grupo de Trabajo elaboró el 3 de Octubre de 2002, a pedido del Gobierno de nuestro país, el Dictamen 4/2002 sobre el nivel de Protección de Datos Personales en Argentina[3], teniendo en cuenta todo el plexo normativo referido a Protección de Datos, vigente en ese momento, es decir, la Constitución Nacional, la Ley 25326 y el Decreto Reglamentario N° 1558/01, doctrina y jurisprudencia, mediante el cual se otorgó a Argentina el status de país extracomunitario con un nivel de protección adecuado a los fines de la transmisión internacional de datos de carácter personal, siendo el primer país en Latinoamérica y el cuarto en el mundo en obtener tal certificación.

A través de dicho Dictamen se llega a la conclusión de que Argentina garantiza un nivel de protección adecuado en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos. Sin embargo invita a las autoridades argentinas a tomar las medidas necesarias para solucionar los puntos débiles de los actuales instrumentos legales, en especial en cuestiones relativas a la autoridad de aplicación de la ley, a la competencia del Art. 36 de la LPDP, a la invitación a las provincias a que creen sus propias autoridades de aplicación, al nivel de seguridad de los datos personales y a la transferencia internacional de datos tanto de Argentina a terceros países como de terceros países a Argentina.

Posteriormente la Comisión de las Comunidades Europeas emite una Decisión, el 30/06/2003 con arreglo a la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la adecuación de la protección de los Datos Personales en Argentina[4] por la cual se considera que Argentina garantiza un nivel de protección en lo que respecta a los datos personales transferidos desde la Comunidad y que dicha Decisión se refiere únicamente a la adecuación de la protección de Argentina con arreglo a los requisitos del apartado 1 del Art. 25 de la Directiva 95/43/CE.

A continuación vamos a analizar si las autoridades argentinas, luego de  ocho años del Dictamen 4/2002, pudieron adecuar los puntos que fueron señalados en dicho informe o si existieron avances en tal sentido. A tal fin, analizaremos las cuatro observaciones más relevantes, a saber:

1. Autoridad de Aplicación de la Ley: Dirección Nacional de Protección de Datos Personales

 2. La Competencia del Art. 36 de la LPDP y la invitación a las provincias a crear sus propias Autoridades de Aplicación

 3. Nivel de seguridad de los Datos Personales

 4. Transferencia internacional de datos


1. Autoridad de Aplicación de la Ley: Dirección Nacional de Protección de Datos Personales

Nuestra LPDP, en el Capítulo V regula lo referido a la Autoridad de Control. El Art. 29 establece que el órgano de control deberá realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y demás disposiciones de la ley, para lo cual se le asignan una serie de funciones y atribuciones especiales. Su conformación y  funcionamiento fue realizada posteriormente a través del Decreto 1558/2001[5].

Sin embargo, los apartados 2 y 3 del Art. 29 fueron desatinadamente observados por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 995/2000. El apartado 2 establecía que el órgano de control gozaría de autonomía funcional y actuaría como órgano descentralizado en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

El apartado 3, disponía que el órgano de control iba a estar dirigido y administrado por un Director designado por el término de cuatro años, por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado de la Nación, debiendo ser seleccionado entre personas con antecedentes en la materia.

El Director tendría dedicación exclusiva en su función, encontrándose alcanzado por las incompatibilidades fijadas por la ley para los funcionarios públicos y podría ser removido por el Poder Ejecutivo por mal desempeño de sus funciones.

Cuando el Decreto 1558/2001 reglamentó al órgano de control en su Art. 29, dispuso la creación de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP), dentro del ámbito de la Secretaría de Justicia y Asuntos Legislativos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a cargo de un Director Nacional, con dedicación exclusiva y con plena independencia para el ejercicio de sus funciones.

Es de observar que los artículos derogados produjeron un cambio sustancial en el espíritu de la norma. En efecto, esta mentada independencia, no es tal si observamos que tanto la designación como la remoción del Director Nacional quedan en manos del Poder Ejecutivo, es decir, de un órgano político del Estado y que fue reforzado con las observaciones efectuadas por dicho poder,  a través de un decreto, el cual llevó prácticamente a vaciar de contenido las pocas garantías que la norma había establecido con la finalidad de lograr una mínima independencia de criterio y la necesaria estabilidad de su director[6].

El Grupo de Trabajo considera que esta situación no garantiza que el organismo pueda actuar con plena independencia y, por lo tanto, insta a implementar los elementos necesarios a tal efecto, incluido un cambio en el procedimiento para designar y destituir al Director del organismo[7].

2. La Competencia del Art. 36 de la LPDP y la invitación a las provincias a crear sus propias Autoridades de Aplicación

 El Art. 36 de la ley 25326 se refiere específicamente a la acción de Protección de Datos Personales o acción de Habeas Data y consagra la competencia de nuestros tribunales al facultar al actor para elegir entre el juez de su domicilio, del domicilio del demandado o del lugar donde se exteriorice o pudiera tener efecto el acto. Con respecto a esta primera parte no habría mayores dificultades de interpretación ni de aplicación.

Lo que sí requiere de un análisis más detenido, es la segunda parte del artículo. El mismo establece que procederá la competencia federal en dos casos:

a) Cuando se interponga en contra de archivos de datos públicos de organismos nacionales.

b) Cuando los archivos de datos se encuentren interconectados en redes interjurisdiccionales nacionales o internacionales.

Este último inciso no está reglamentado ni interpretado oficialmente, de manera tal que hasta la fecha no se puede afirmar con precisión a qué se refiere la ley con dicha expresión.

Debemos destacar que esta norma sistemáticamente ha sido ubicada en una posición inadecuada, lo que limita su ámbito de aplicación. Esto es así en virtud del Art. 44 de la ley, que dispone, contrario sensu, que las disposiciones del Capítulo VII (dentro del cual se encuentra el artículo que estamos analizando) sólo resultan aplicables en jurisdicción nacional y no en las provincias, salvo que estas adhieran[8].

De dicho artículo derivan discusiones doctrinarias y jurisprudenciales acerca de si es competente para entender en una Acción de Habeas Data la justicia ordinaria o la federal. Dicha discusión aún no está agotada, pero en principio podemos concluir que la competencia federal quedará restringida a la jurisdicción nacional y a las provincias que adhieran a la LPDP en sus Capítulos V, VI y VII, y también en los casos que según el Art. 116 C.N. y la Ley 48 corresponda acudir a esta competencia limitada y de excepción[9].

La misma LPDP invita a las provincias a adherir a los artículos de esta ley que fueren de aplicación exclusiva en jurisdicción nacional y a crear sus propias autoridades de control en los ámbitos locales.

Hasta la fecha, la provincia de Córdoba no  ha adherido a la LPDP ni tampoco ha creado su respectiva autoridad de aplicación local.

En el resto del país encontramos  la Ciudad de Buenos Aires con su  Ley de Protección de Datos Personales N° 1845 de fines del 2005 con un veto parcial del Jefe de Gobierno de dicha ciudad y reglamentada por medio del Decreto 725/2007, por la cual se regula, dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el tratamiento de datos personales referidos a personas físicas o de existencia ideal, asentados o destinados a ser asentados en archivos, registros, bases o bancos de datos del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires, creando como organismo de control de la ley a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

En la Provincia de Chubut encontramos la Ley 4244 que tiene por objeto la reglamentación del procedimiento  de  protección  de los datos de carácter personal que obren  en  registros o bancos de datos  públicos  pertenecientes  al Estado Provincial  y  los  Municipios,  y en sus similares privados. Dicha ley no  crea una Autoridad de Aplicación local. Tampoco Chubut adhiere a la ley nacional.

En la provincia del Chaco existe la Ley 4360 que se ocupa de  reglamentar la Acción de Habeas Data. Tampoco crea su propio órgano de control local ni adhiere a la ley nacional.

En Misiones, la Ley 3794 comprende dentro del ámbito de aplicación de la ley, los registros, archivos, bases o bancos de datos de organismos públicos de la provincia o de particulares, destinados a dar informes o susceptibles de generar información, con asiento en el territorio provincial o que generen hechos o actos que se exterioricen o pudieren tener efectos en él.

En el Capítulo II dispone que el Ministerio de Gobierno será el órgano de control. Dicha provincia tampoco adhiere a la LPDP.

En la provincia de San Juan la Ley 7447 que no es estrictamente una ley de Habeas Data, establece una serie de obligaciones para las personas físicas o jurídicas, que como actividad principal o accesoria se dediquen a almacenar datos o elaborar informes para sí o para terceros sobre la situación comercial o financiera de los ciudadanos.

Dicha ley no organiza una Autoridad local de Aplicación de la LPDP ni adhiere a la ley nacional.

En Neuquén la Ley 2307 reglamenta localmente la acción de Habeas Data.

La Ley 2399 Adhiere a la Ley 25326,  y el Decreto N° 313/03 dispone que Poder Ejecutivo Provincial designará el organismo que actuará como Autoridad de Aplicación de la ley, creándose el Registro Provincial de Datos Personales (REPRODAP) que funcionará como dependencia a nivel de Dirección, de la Dirección General de Justicia dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, Justicia y Trabajo del Ministerio de Gobierno y Justicia, o del o los organismos que institucionalmente sucedan a éstos, instituyéndose como el Órgano Provincial de Control de la Ley Nacional Nº 25.326 y de las normas que se dicten en su consecuencia.

Esta invitación a que las provincias creen sus propios órganos de control de Protección de Datos fue un punto específicamente mencionado por el Grupo de Trabajo, al considerar que es importante para garantizar que en todos los casos exista un sistema de verificación directo por parte de la administración y un mecanismo institucional que permita investigar las denuncias de manera independiente de la vía judicial[10].

Hasta la fecha dicha sugerencia no se ha respetado en la mayoría de los estados provinciales.

3. Nivel de seguridad de los Datos Personales

El Principio de Seguridad está contemplado en el Art. 9 de la LPDP. El responsable del tratamiento debe adoptar medidas técnicas y organizativas adecuadas a los riesgos que presenta el tratamiento. La adopción de sistemas de seguridad es considerada por la ley un presupuesto indispensable para que la tutela legal sea efectiva, de manera que prohíbe el registro de datos personales en archivos que no tengan condiciones técnicas de integridad y seguridad.

El Grupo de Trabajo entendió que la legislación argentina se ajustaba a ese principio.

Para reforzarlo, encontramos en los años siguientes, dos Disposiciones de la DNPDP, la 11/2006 sobre “Medidas de Seguridad para el Tratamiento y Conservación de los Datos Personales Contenidos en Archivos, Registros, Bancos y Bases de Datos Público no estatales y Privados” y la Disposición 9/2008 de la DNPDP donde se prorroga el plazo establecido en la primera Disposición.

La Disposición 11/2006 establece las medidas que deberán adoptar los archivos, registros, bases y bancos de datos que contengan datos de carácter personal,  distinguiendo entre las de seguridad de nivel básico, medio y crítico y estableciendo un plazo de doce, veinticuatro y treinta y seis meses respectivamente, contados a partir del dictado de esta disposición, y prorrogables a pedido de parte interesada y por razones debidamente fundadas[11].

Posteriormente, la Disposición 9/2008 de la DNPDP, prorroga el plazo establecido en la Disposición 11/2006 para la implementación de las medidas de seguridad de los niveles medios y críticos, exigibles dentro de doce y veinticuatro meses, respectivamente, a contar desde la entrada en vigencia de la presente disposición. Plazo igualmente prorrogable, a pedido de parte interesada y por razones debidamente fundadas[12].

Al momento de este trabajo, dichos plazos aún no se encuentran cumplidos, por lo cual no nos resulta posible evaluar el cumplimiento o incumplimiento de dichas medidas de seguridad a la fecha.

4. Transferencia internacional de datos

 Está contemplada en el Art. 12 de la LPDP prohibiendo la transferencia de los mismos, de cualquier tipo con países u organismos internacionales o supranacionales, que no proporcionen niveles de protección adecuados. El mismo artículo consagra las excepciones a dicha prohibición en los siguientes casos: colaboración judicial internacional; intercambio de datos de carácter médico, cuando lo exija el tratamiento del afectado o una investigación epidemiológica; transferencias bancarias o bursátiles; transferencia acordada en el marco de tratados internacionales en los que Argentina sea parte; transferencia que tenga por objeto la cooperación internacional entre organismos de inteligencia para la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico.

El Decreto Reglamentario 1158/2001 amplía dichas excepciones  a dos supuestos más: cuando el titular de los datos hubiese prestado su consentimiento expreso a la cesión y cuando se trate de la transferencia desde un Registro Público legalmente constituido abierto a la consulta del público.

El mismo Decreto faculta a la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales a evaluar, de oficio o a pedido de parte interesada, el nivel de protección proporcionado por las normas de un Estado u organismo internacional. Se entiende que un Estado u organismo internacional proporciona un nivel adecuado de protección cuando dicha tutela se deriva directamente del ordenamiento jurídico vigente, o de sistemas de autorregulación, o del amparo que establezcan las cláusulas contractuales que prevean la protección de datos personales.

El Grupo de Trabajo considera que la legislación argentina cumple en gran medida con lo dispuesto para las restricciones respecto a la transferencia de datos a terceros países, sobre todo con el primer apartado del Art. 12 de la LPDP. Pero también hace una crítica con respecto a las excepciones al considerar que son más amplias que las previstas en la Directiva de la UE. Es por ello que sugiere que se limiten las mismas e invita al Gobierno argentino a trabajar en este sentido[13].

A ocho años de dichas recomendaciones, no se ha efectuado ninguna modificación en la legislación argentina, ni en el texto de la ley ni en el del Decreto Reglamentario.

Conclusiones: a seguir trabajando por una real adecuación de nuestra legislación

Más allá de las críticas que se le puedan realizar a la LPDP debemos reconocer la importancia de la existencia de dicha normativa, consagrada constitucional, legislativa y reglamentariamente, especialmente entre los países latinoamericanos. Siempre resulta positivo tener un marco legal a no tenerlo. Ahora, dicha existencia, trae aparejada una serie de obligaciones. Para que nuestra legislación tenga reconocimiento mundial, el gobierno argentino, solicitó a la Comisión Europea que determinara si el país garantizaba un nivel de protección adecuado en cuanto a la protección de datos personales. La Comisión solicitó el dictamen al Grupo de Trabajo del Art. 29 y el mismo se expidió.

Efectuó varias recomendaciones, entre ellas, la referida a la Autoridad de Aplicación,  su objeción en cuanto al nivel de independencia de la misma y su sugerencia de implementar todos los elementos necesarios a tal fin. En eso no se trabajó. Incluso se agravó la situación al vetarse los apartados 2 y 3 del Art. 29 que traían ciertos aires de independencia para la institución.

Consideramos en este punto, que es urgente y necesario que el Poder Legislativo, nutriéndose de los expertos en la materia, realice modificaciones imprescindibles a la LPDP, específicamente a todo lo referido a la DNPDP, otorgándole la independencia política, económica y técnica que se pensó originariamente, tanto para dicho órgano como para su Director, con concursos públicos en base a la idoneidad y experiencia en la materia, despegándolo completamente del poder político de turno.

Por otra parte vimos que el Grupo de Trabajo invita a las provincias a crear sus propios órganos de control de Protección de Datos para garantizar que en todos los casos exista un sistema de verificación directo por parte de la administración, debido a que la DNPDP sólo tiene competencia a nivel nacional o en las provincias que adhieran al  capítulo respectivo de la ley. Tampoco vemos avances en este sentido. Sólo encontramos una ley de Protección de Datos en la Ciudad de Buenos Aires con su respectiva autoridad de control, una provincia adhiriendo a la ley nacional en el capítulo respectivo, dos creando sus órganos de controles locales y unas pocas reglamentando el procedimiento referido a la acción de Habeas Data.

Pensamos que también es urgente en este tema que las legislaturas provinciales, en este caso, con el asesoramiento correspondiente,  elaboren la normativa necesaria para dotar en cada uno de sus ámbitos locales, de sus respectivas leyes de Protección de Datos y sus propias Autoridades de Control independientes también, política, económica y funcionalmente.

En cuanto al nivel de seguridad en la protección de Datos Personales que brinda la legislación de nuestro país, aun cuando los plazos de implementación de las Disposiciones respectivas dictadas por la DNPDP no se encuentren cumplidos, entendemos que no existe objeción por parte del Grupo de Trabajo. Probablemente la crítica que podamos efectuar tenga que ver con la prórroga de los plazos, lo que lleva a que se extienda en el tiempo la posibilidad de cumplir con dicho principio por parte de los responsables del tratamiento de los Datos Personales, y no poder pronunciarnos acerca de la efectividad de dichas medidas a la fecha.

Por último, en relación a la transferencia internacional de datos, quizás este sea el eje central del Dictamen elaborado por el Grupo de Trabajo. Todas las recomendaciones, críticas, sugerencias, rumores en cuanto a la posibilidad de dejar de ser nuestro país certificado por la Unión Europea, tienen como tema central responder a la pregunta de si es seguro transferir datos de y hacia Argentina. A la fecha la Unión Europea considera que somos un país que garantiza un nivel de protección adecuado en la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos. Pero aún no cumplimos con sus recomendaciones. No deberíamos considerarlo un derecho adquirido.

Autora: Abog. Fátima Cambronero

@facambronero


[1] Entrevista a Spiros Simitis. [En web] http://www.habeasdata.org/Entrevista-Prof-Spiros-Simitis, con acceso el 26 de Julio de 2009.

[2] Directiva 95/46 CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 1995 relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, Art. 30, 1, b). [En web] http://www.cert.fnmt.es/legsoporte/Directiva%2095_46_CE%20Datos%20CaracterPersonal.pdf con acceso el 27 de Julio de 2009.

[3] Artículo 29 Grupo de Trabajo sobre Protección de Datos. Dictamen 4/2002 sobre el nivel de protección de datos personales en Argentina [En web] https://www.agpd.es/portalweb/canaldocumentacion/docu_grupo_trabajo/wp29/common/B.2.59-cp–wp63–Dictamen-4.2002.-Protecci-oo–Datos-Argentina.pdf con acceso el 27 de Julio de 2009.

[4] Decisión de la Comisión de 30/06/2003 con arreglo a la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la adecuación de la protección de los datos personales en Argentina [En Web] http://www.protecciondedatos.com.ar/dec1731.htm con acceso el 17 de Septiembre de 2009.

[5] Cfr. “Argentina frente a los requerimientos de la comunidad europea en materia de tratamiento de datos personales: es tiempo de cambios” Puccinelli, Oscar R. [En Web]  http://ar.microjuris.com/getContent?reference=MJ-DOC-3184-AR&links=%5BPUCCINELL,%20OSC%5D con acceso restringido a  05 de Septiembre de 2009.

[6] Cfr. Idem.

[7] Artículo 29 Grupo de Trabajo sobre Protección de Datos. Dictamen 4/2002 sobre el nivel de protección de datos personales en Argentina [En web] https://www.agpd.es/portalweb/canaldocumentacion/docu_grupo_trabajo/wp29/common/B.2.59-cp–wp63–Dictamen-4.2002.-Protecci-oo–Datos-Argentina.pdf con acceso el 14 de Septiembre de 2009.

[8] Cfr. Contenido Módulo 2Base de Datos”, Unidad 4  “El Proceso Constitucional de Habeas Data”, Diplomatura en Derecho y Tecnología, UBP. 2008.

[9] Cfr. Idem.

[10] Artículo 29 Grupo de Trabajo sobre Protección de Datos. Dictamen 4/2002 sobre el nivel de protección de datos personales en Argentina [En web] https://www.agpd.es/portalweb/canaldocumentacion/docu_grupo_trabajo/wp29/common/B.2.59-cp–wp63–Dictamen-4.2002.-Protecci-oo–Datos-Argentina.pdf con acceso el 16 de Septiembre de 2009.

[11] Disposición 11/2006 DNPDP [En Web]   http://www.jus.gov.ar/dnpdpnew/ con acceso el 30 de Julio de 2009.

[12] Disposición 9/2008 DNPDP [En Web]  ]   http://www.jus.gov.ar/dnpdpnew/ con acceso el 30 de Julio de 2009.

[13] Cfr. Artículo 29 Grupo de Trabajo sobre Protección de Datos. Dictamen 4/2002 sobre el nivel de protección de datos personales en Argentina [En web] https://www.agpd.es/portalweb/canaldocumentacion/docu_grupo_trabajo/wp29/common/B.2.59-cp–wp63–Dictamen-4.2002.-Protecci-oo–Datos-Argentina.pdf con acceso el 17 de Septiembre de 2009.

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